● El Grupo Parlamentario de MC (GPMC) planteó eliminar la obligatoriedad de la certificación para todas las personas motociclistas y mantenerla únicamente para quienes utilizan este vehículo como elemento indispensable para su actividad laboral.
● La iniciativa leída por la diputada Ruth Salinas subraya que, ante el reciente aumento de la tarifa del transporte público y la ineficiencia del sistema de movilidad, la motocicleta se ha convertido en una opción cada vez más recurrente.
Al considerar que exigir una certificación adicional de 460 pesos para obtener la licencia de conducir de personas motociclistas constituye un exceso y una forma de doble tributación, el Grupo Parlamentario de MC propuso eliminar la obligatoriedad general de este requisito y mantenerlo únicamente para quienes utilicen la motocicleta como herramienta indispensable en su actividad laboral.
Lo anterior, en virtud de que dicho documento es emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, órgano del Gobierno de México responsable de la normalización y certificación de competencias laborales.
La iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y al Código Administrativo estatal establece que las personas motociclistas cuyo trabajo no dependa de este medio de transporte acreditarán un curso del Centro de Capacitación en Seguridad Vial para Personas Motociclistas del Estado de México, impartido de manera gratuita.
El documento, leído por la diputada Ruth Salinas Reyes (MC), faculta a la Secretaría de Movilidad estatal a coordinar el establecimiento de estos centros de capacitación, privilegiando el aprovechamiento de espacios públicos en desuso y garantizando la participación de la sociedad civil.
El proyecto legislativo señala que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el número de motocicletas en el estado asciende a más de un millón 500 mil (2024), situación que obliga a legislar en favor de este sector de la población.
Añadió que, considerando el reciente aumento en la tarifa del transporte público y la ineficiencia del sistema de movilidad, la motocicleta se ha convertido en una opción cada vez más recurrente para que las y los mexiquenses puedan trasladarse diariamente a sus trabajos o escuelas. Subrayó que la cultura del motociclismo es mucho más que solo conducir: “es historia, comunidad y tradición”.
En la entidad, agregó, existen diversos motoclubes, agrupaciones de personas que comparten la afición por las motocicletas y realizan las denominadas “rodadas” por toda la República. Además, estas agrupaciones se reúnen para llevar a cabo diversas actividades en beneficio de la comunidad.
● Le diputade Luisa Navarro (morena) propone que en el sector público se les conceda un 5% de plazas de base, y el 1% de plazas de confianza.
● Plantea la creación de una Comisión de Seguimiento e Implementación de esta acción, y un Registro Único de Aspirantes Trans a ocupar las plazas laborales.
Debido a que la experiencia de las personas trans demuestra que su derecho al trabajo se ve limitado por barreras estructurales, le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena) propuso que los poderes del Estado, los municipios y los organismos centralizados, descentralizados y autónomos implementen, como acción afirmativa, una cuota laboral equivalente al cinco por ciento de sus plazas de base y al uno por ciento de sus plazas de confianza para las personas trans.
La iniciativa de reforma a Ley Del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios propone que la Secretaría de la Contraloría cuente con una Comisión de Seguimiento e Implementación de esta acción, genere un Registro Único de Aspirantes Trans a ocupar las plazas, y establezca los procedimientos para la contratación y permanencia de los espacios laborales ofertados.
Precisa, además, que la Comisión se integre con personas servidoras públicas de los tres Poderes del Estado, los gobiernos estatal y municipales, y una persona representante del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación. Añade que sesionaría las veces que sean necesarias y rendirá un informe final cada año fiscal con el avance de cumplimiento de la disposición, el que se difundirá ampliamente entre las poblaciones, grupos y organizaciones trans, binarias y no binarias de la entidad.
Le diputade Luisa Navarro, quien preside la Comisión Legislativa para la Defensa de Derechos de las Poblaciones LGBTTTIQNB+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Trans, Transgénero, Intersexuales, Queers, No Binarias y más), añadió que se entenderá como persona trans a quien se auto percibe o expresa con una identidad de género distinta a la asignada al momento de nacer, incluyendo, entre otras a quienes se identifican como travestí, transgénero, transexual, no binario y muxe, entre otras derivadas de los pueblos indígenas o emergentes.
El documento establece que las personas servidoras públicas, en el ejercicio de sus funciones, deberán actuar sin discriminar y promover la cultura de igualdad y la no violencia. Asimismo, se señala que será motivo de terminación de la relación laboral la resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje cuando se incurra en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amagos, injurias, conductas discriminatorias o discursos de odio, así como malos tratos hacia jefes, compañeras o compañeros, o familiares de estos, ya sea dentro o fuera del horario de servicio.
Asimismo, considerar entre los factores que deben ser tomados en cuenta para establecer el sistema escalafonario en el servicio público la pertenencia a una población históricamente vulnerada y formar parte del Registro Único de Aspirantes Trans.
Para le diputade, esta cuota no crea privilegios, sino justicia frente a la exclusión estructural que sufre esta población que, con la reforma, podrá tener mejores oportunidades de vida, crecimiento laboral y profesional.
● El diputado Octavio Martínez, del Grupo Parlamentario de morena (GPmorena), planteó armonizar la legislación local con la nacional, a fin de garantizar el derecho a una vivienda digna.
● La iniciativa plantea la creación de un Sistema Estatal de Vivienda y un Programa Estatal de Vivienda para contribuir a lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Para avanzar hacia una política estatal de vivienda más justa, eficiente, equitativa y transparente, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) propuso la creación de un Sistema Estatal de Vivienda que integre, coordine, dé seguimiento y evalúe de manera transversal la política habitacional, articulando los esfuerzos de las dependencias estatales, los gobiernos municipales y los sectores social y productivo.
La iniciativa, que homologa la Ley de Vivienda del Estado de México con el marco jurídico nacional, plantea un Programa Estatal de Vivienda con diagnósticos, objetivos, metas, estrategias, acciones prioritarias, previsiones presupuestales y mecanismos de evaluación que respondan a las realidades regionales y sociales.
Este documento prevé mecanismos de mejora regulatoria, el impulso de la participación comunitaria y la implementación de instrumentos de planeación urbano-territorial para un desarrollo urbano ordenado, inclusivo y resiliente que garantice el ejercicio del derecho a una vivienda digna.
Además, incorpora la posibilidad de denuncia ciudadana por violaciones al derecho a la vivienda y por restricciones al acceso a la información pública en la materia, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
El legislador señaló que este proyecto fortalece la seguridad jurídica al dotar al marco estatal de mayor claridad normativa y coherencia con los instrumentos federales; y aumenta la eficacia institucional al establecer mecanismos de coordinación intergubernamental y de concertación con los sectores social y privado.
Asimismo, busca consolidar el enfoque de derechos humanos, el reconocimiento de derechos colectivos y principios de equidad, sostenibilidad y accesibilidad; facilitar el acceso a programas y financiamientos federales al garantizar compatibilidad legal en los procesos de planeación, ejecución y evaluación; y promover la producción y autoproducción social de vivienda mediante instrumentos que reconozcan y fortalezcan prácticas autogestivas, solidarias y comunitarias.
Subrayó que la reforma es estratégica y urgente, pues contribuye al cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), orientada a consolidar ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Además, alinea al Estado de México con los principios de la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat, así como con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Plan Estatal de Desarrollo en materia de bienestar social y desarrollo territorial.
• El Grupo Parlamentario del PVEM, coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc, propuso la creación del Registro de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres del Estado de México.
• La iniciativa, leída por la diputada Alejandra Figueroa, facultaría a ministerios públicos y órganos jurisdiccionales para ordenar la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de cuentas, imágenes, audios o videos relacionados con hechos de violencia digital o mediática.
Con el fin de reconocer y sancionar la violencia digital, la bancada del PVEM del Congreso mexiquense, coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, propuso que el Ejecutivo estatal cree el Registro de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres del Estado de México.
La iniciativa, expuesta en sesión deliberante por la diputada Alejandra Figueroa Adame (PVEM), detalla que este registro será un sistema público donde se inscribirán personas con sentencia penal firme por delitos que implican violencia contra la mujer como aquellos que vulneren el desarrollo de la personalidad; la integridad corporal; las libertades y seguridades reproductivas; la libertad y seguridades sexuales y el desarrollo de la personalidad; la vida; la familia libre de violencia y la subsistencia familiar, así como la violencia política, digital o mediática en razón de género.
“Esta amenaza que incluye acoso cibernético, difusión no consentida de imágenes íntimas, reales o modificadas, no es un mero inconveniente virtual, es una forma de control y terror que silencia voces, destruye reputaciones y perpetúa la desigualdad de género ahora en el ciberespacio. Hoy es evidente que ninguna estamos a salvo en los espacios digitales”, expresó la legisladora.
La propuesta, además, indica que la Secretaría de Seguridad publicará el registro en su portal web oficial, registrando a la persona sentenciada una vez que cause ejecutoria la sentencia; establecerá lineamientos para crear, organizar, implementar, gestionar, actualizar, monitorear y evaluar el funcionamiento del registro; y expedirá los mecanismos que permitan inscribir, acceder, rectificar, cancelar y oponerse cuando resulte procedente la información.
La iniciativa para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal detalla el Registro constituye un sistema de información de carácter público que contendrá los registros de personas sentenciadas con ejecutoria por un juez o jueza penal; así como que, en ningún caso y, bajo ninguna circunstancia, se incluirán datos personales de las víctimas.
Además, sólo se verificará cuando exista la instrucción de la autoridad jurisdiccional, y la sentencia ejecutoriada respectiva, considerando su inscripción; y esta inscripción se cancelará, cuando concluya el término respectivo o cuando sea ordenado por la autoridad jurisdiccional que corresponda.
Por otra parte, propone que, tratándose de violencia digital o mediática, para garantizar la integridad de la víctima, la o el Ministerio Público, la jueza o el juez, ordenarán de manera inmediata las medidas de protección necesarias, vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de cuentas, imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa.
En este caso se identificará plenamente al proveedor de servicios en línea a cargo de la administración del sistema informático, sitio o plataforma de Internet en donde se encuentre alojado el contenido y su localización precisa.
Entre otras modificaciones, la reforma busca que se considere que, en la violencia política contra las mujeres en razón de género puede expresarse, al difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, incluyendo la creación y difusión de campañas de difamación o la generación de cuentas o perfiles falsos de redes sociales.
Con el planteamiento se establecería que la violencia digital es cualquier acto que se presenta a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales o correo electrónico, o cualquier otro espacio digitalizado que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público. Así como daño moral a ellas o su familia.
Esta se manifiesta mediante el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, violación de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, fotografías, videos o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas.