Reconoce el Congreso a 40 docentes por su compromiso y ardua labor

Por medio de la Junta de Coordinación Política, presidida por el legislador Francisco Vázquez, el Congreso mexiquense otorgó a 40 docentes el ‘Pergamino y la Medalla al Reconocimiento Docente 2026’.

Por cuarto año consecutivo, el Congreso del Estado de México, a través de la Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), reconoció a 40 docentes con el ‘Pergamino y la Medalla al Reconocimiento Docente 2026’, en reconocimiento a su compromiso, pasión y ardua labor en beneficio del estudiantado.

La distinción, impulsada por la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por el legislador Rigoberto Vargas Cervantes (morena), reconoce su contribución a la formación de las infancias y juventudes, así como su compromiso con la construcción de un mejor futuro para la sociedad.

Al presidir la sesión solemne para los reconocimientos, el parlamentario Vladimir Hernández Villegas (morena), presidente de la Directiva, expresó, a nombre de la LXII Legislatura mexiquense, su reconocimiento y felicitación a quienes se hicieron merecedores y merecedoras de los pergaminos y las medallas, pues indicó que realizan una labor noble y trascendente en favor de la educación.

Rigoberto Vargas aseguró que entregar este reconocimiento es el símbolo de la gratitud que el pueblo mexiquense le tiene y le otorga al magisterio. Informó que, para este año, la participación se incrementó un 30 por ciento respecto al año pasado.

“Nos permitió observar una vez más la riqueza del magisterio mexiquense, mujeres y hombres que, desde distintas comunidades y realidades educativas, han construido trayectorias de servicio que merecen ser reconocidas y valoradas”, expresó.

Asimismo, agradeció el respaldo del diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política, por la gestión de los recursos y los reconocimientos para las y los galardonados.

Para la categoría de ‘Excelencia Educativa’, las personas reconocidas en ‘Educación Básica’ fueron Bertha Navarrete Baltazar, Celzo Morales Ramírez, Amalet Villegas Montaño, Viridiana Carvajal Rubio, Lorenzo Fernández Vázquez, Alberto Said Oropeza Martínez, Nancy Moreno García y Thelma Iliana Sulvarán Nava.

En esta misma categoría, las personas reconocidas fueron Berenice Jaime Romero y Martha Elba Romero Nuñez, del nivel medio superior; y Diana Magali Núñez Soto, Jesús Magyber de Jesús Miranda, René López Auyón, Cosme Esparza Flores, Rafael Hernández Ríos y Raúl Gómez Gómez Tagle, del nivel superior.

Respecto a la categoría de ‘Gestión Escolar’, en ‘Educación Básica’, quienes recibieron reconocimientos fueron Patricia Álvarez García y César Jiménez Delgado; y en ‘Educación Superior’ Luis Manuel Gregorio Moreno y Silvia Morales Cruz.

En la categoría ‘Impulso de una Cultura de Paz, Inclusión y Equidad’, se otorgó el galardón, en el nivel de Educación Básica, a Adriana Paola Barrera Jacales, José Alberto Hernández Nava y Humberto Cuevas Hernández; mientras que, en Educación Superior, la distinción fue para Luz María Velázquez Reyes.

Por otro lado, en la categoría ‘Impulso Intercultural y Bilingüe’, las personas reconocidas en Educación Básica fueron Maribel Segundo Chaparro y Julio Juan Villalobos Colunga.

Sobre la categoría ‘Impulso para la Integración Educativa de Adultos para Abatir el Rezago Educativo’, fueron reconocidos, en el nivel de Educación Básica, Edgar Josué Miguel Montaño y Manuel Sifuentes Compean.

En la categoría ‘Inclusión Educativa’, las personas reconocidas en el nivel de Educación Superior fueron Elvira Nayeli Ramírez Contreras y Octavio Catarino Aguilar.

Para la categoría ‘Innovación Pedagógica’, se reconoció, en el nivel de Educación Básica, Javier González Morán, Maribel Rodríguez Platas y Antonio Esquivel Rivera; mientras que, en Educación Media Superior, la distinción fue para Claudia Cristal Ríos Pacheco.

En la categoría ‘Mérito Científico’, correspondiente al nivel de Educación Superior, fueron reconocidos Guadalupe Gutiérrez González, Adán Jiménez Montoya, Víctor Alejandro Wong Meraz y Felisa Yaerim López Botello.

Por último, en la categoría ‘Tecnología Educativa’, recibieron en el nivel de Educación Básica, Rubén Bastida Sánchez y Ma. Guadalupe Rodríguez Carranza.

Congreso avala hasta 36 años de prisión por violencia ácida

La LXII Legislatura mexiquense avaló reformas que permitirían alcanzar sanciones de hasta 36 años de prisión para quien cometa el delito de violencia ácida o química contra mujeres.

El Congreso mexiquense aprobó reformas que permitirán alcanzar sanciones de hasta 36 años de prisión para quien cometa el delito de violencia ácida o química contra mujeres, pena máxima que aplicará si el ataque pone en peligro la vida de la víctima y si lo realiza una persona servidora pública, o si hay una relación de parentesco, convivencia sentimental, afectiva, laboral, docente, de subordinación, de confianza o de responsabilidad y cuidado.

Lo anterior como resultado de las iniciativas promovidas por las legisladoras Zaira Cedillo Silva y Nelly Brigida Rivera Sánchez, de morena; de la bancada del PRD, coordinada por el diputado Omar Ortega Álvarez, y de la Fundación Carmen Sánchez, con las que se reforman el Código Penal estatal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.

Al leer el dictamen durante sesión deliberante, la parlamentaria Nelly Brigida expresó su admiración a las mujeres sobrevivientes, activistas y defensoras, cuya voz, resistencia y dolor transformaron la exigencia de justicia en las reformas aprobadas.

“Con esta iniciativa, el Estado de México asume su responsabilidad para coordinar a las instituciones de salud, justicia y desarrollo social para que ninguna agresión se quede impune y para consolidar una política de Estado, donde la prevención, la reparación integral y la dignidad humana sean innegociables”, aseveró.

La parlamentaria Zaira Cedillo resaltó que las reformas busquen la reparación integral del daño para las víctimas para que puedan recuperar su proyecto de vida. Asimismo, reconoció que el Congreso haya avanzado en diferentes modificaciones legales para procurar la protección de las mujeres ante cualquier tipo de violencia.

Por otro lado, la diputada Paola Jiménez Hernández (morena) expresó que algunas leyes se trabajan durante mucho tiempo para que realmente beneficien a la población a la que están dirigidas, y se pronunció por leyes más punitivas contra las personas agresoras.

Finalmente, la legisladora Araceli Casasola Salazar (PRD) cuestionó el dictamen aprobado porque recogió parcialmente lo propuesto por la Fundación Carmen Sánchez, y aseguró que su bancada presentará otra iniciativa para completar estas reformas.

El dictamen puntualiza penas de hasta 15 años de prisión y de 200 a 500 días multa a quien cause lesiones dolosamente a una mujer, niña o adolescente mediante el uso de ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables, compuestos químicos, líquidos a altas temperaturas, álcalis, gases, explosivos, reactivos o cualquier otra sustancia análoga.

Asimismo, estas sanciones alcanzarían hasta los 20 años de prisión, así como de 300 a 700 días multa, si el ataque causa desfiguración permanente en cara, cabeza, cuello, mamas o genitales, o pérdida o disminución definitiva de función de órgano o sentido.

No obstante, para estas agravantes, las penas podrían ascender a 22.5 años y 750 días multa y 30 años y 1,050 días multa, respectivamente, si la agresión la comete una persona servidora pública en ejercicio de sus funciones o si, entre la víctima y la persona que comete el delito, hay una relación de parentesco, convivencia, sentimental, afectiva, laboral, docente, de subordinación, de confianza o de responsabilidad y cuidado.

El documento puntualiza que en los casos de las tres agravantes referidas que se incluirían a la legislación, el delito se perseguiría de oficio.

Es preciso señalar que, actualmente, el Código Penal estatal establece para el delito de lesiones penas de tres meses, cuando no ameriten hospitalización, y de hasta seis años de prisión cuando estas ponen en peligro la vida de la víctima. A esta pena se sumarían las agravantes previstas en el decreto avalado para las lesiones producidas mediante violencia ácida o química, con lo que, bajo los supuestos indicados, la pena máxima podría alcanzar hasta 36 años de prisión.

También se mandata que, cuando las lesiones se produzcan dolosamente mediante el uso de ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables, compuestos químicos, líquidos a altas temperaturas, álcalis, gases, explosivos, reactivos o cualquier otra sustancia análoga, se aplicarán de cinco a 10 años de prisión y de 100 a 200 días multa (castigo si el delito es cometido contra hombres).

Además, esta sanción podría alcanzar una máxima de hasta 16 años de prisión considerando lo ya establecido en la legislación vigente, que mandata de tres meses hasta seis años de prisión por el delito de lesiones, de acuerdo a la gravedad.

Las reformas incluyen que, tratándose de las lesiones mencionadas, la reparación integral del daño a la víctima u ofendido también incluirá cirugías reconstructivas, rehabilitación física y psicológica, prótesis, tratamientos médicos especializados y de largo plazo, compensación por lucro cesante; y cualquier otra medida necesaria para la recuperación integral de la víctima.

En lo referente a las modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se enriquece el concepto de violencia física para determinar que es cualquier acto que inflige daño no accidental mediante el uso de la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas.

Incorpora el concepto de violencia ácida o química, como toda acción que utilice ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables, compuestos químicos, líquidos a altas temperaturas, álcalis, gases, explosivos, reactivos o cualquier otra sustancia análoga para causar daño físico, desfiguración, discapacidad, dolor o sufrimiento, o que exponga a la mujer a dicho riesgo, o ponga en peligro la vida.

Por otro lado, mandata que las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente, ordenarán la protección necesaria, para canalizar y ordenar el traslado inmediato de las víctimas a unidades médicas de alta especialidad, así como que el Estado asegurará el acceso gratuito, integral y continuo a los servicios de salud.

En tanto, el personal de salud que atienda a personas con lesiones producidas por agentes químicos o corrosivos estará obligado a prestar atención médica inmediata y prioritaria; conservar la evidencia clínica y biológica pertinente; y notificar de manera inmediata al Ministerio Público, así como proporcionarle la información y los elementos pertinentes que resulten necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, en términos de la legislación aplicable y respetando los derechos de la víctima.

Puntualiza que, el personal de salud que, estando obligado a notificar al Ministerio Público sobre la atención prestada a personas con lesiones producidas por agentes químicos o corrosivos, omita dicha notificación, será sancionado conforme al Código Penal de la entidad, con independencia de las sanciones que le correspondan conforme a la legislación administrativa.

Añade que las autoridades estatales y municipales deberán garantizar a víctimas la atención médica especializada y cirugía reconstructiva, cirugía estética funcional, rehabilitación y los suministros necesarios, de manera gratuita, oportuna y continua.

De igual forma, las mujeres víctimas tendrán derecho a recibir reparación integral en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, que comprenda medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.

Congreso aprueba reforzar el cumplimiento de obligaciones alimentarias

La LXII Legislatura mexiquense estableció que la autoridad judicial deberá decretar el aseguramiento de alimentos a cargo de las personas obligadas a proporcionarlos.

La LXII Legislatura mexiquense estableció que la autoridad judicial deberá decretar el aseguramiento de alimentos a cargo de las personas obligadas a proporcionarlos, a fin de garantizar el desarrollo integral y el bienestar de quienes dependen de ellos, así como el cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones alimentarias.

El dictamen avalado en sesión deliberante, que conjuntó las iniciativas de la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule (morena) y de la bancada del PVEM, coordinada por el legislador José Alberto Couttolen Buenello, señala que estas medidas de aseguramiento serán ordenadas de oficio, de acuerdo con las circunstancias del caso y la protección de este derecho.

La reforma al Código Civil estatal también sustituye el término ‘juez’ por ‘autoridad judicial’ y establece que esta podrá determinar la forma de garantía suficiente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, la cual podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza o depósito.

Al dar lectura al documento, la legisladora Itzel Daniela Ballesteros agradeció a quienes integran la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura estatal por su trabajo, análisis y disposición, así como a todos los grupos parlamentarios (morena, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD) por su acompañamiento y voluntad para encontrar coincidencias.

Asimismo, tras reconocer el trabajo y compromiso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien, afirmó, ha colocado el bienestar y la justicia social como prioridades, subrayó que el Congreso mexiquense seguirá acompañando este esfuerzo con propuestas que respondan a las necesidades reales de las familias.

Al respecto, la congresista Miriam Silva Mata (PVEM) indicó que la reforma representa un paso importante para fortalecer la protección judicial del derecho de las familias a recibir alimentos, toda vez que esta obligación no es opcional; el derecho de la niñez no es negociable y el cumplimiento de la ley no debe depender de la voluntad de quien está obligado a respetarla.

Finalmente, llamó a las y los jueces a ser sensibles y actuar con responsabilidad y determinación para fijar las pensiones y garantías. Recalcó que la justicia familiar exige instituciones capaces de actuar con conocimiento y experiencia en la carrera judicial, por lo que se pronunció por dar mayores herramientas a los justiciables y a los operadores jurídicos para que “no les tiemble la mano” y dicten las medidas correspondientes.

Congreso aprueba acceso responsable y seguro a dispositivos electrónicos para las infancias

El Congreso mexiquense aprobó que quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de menores, así como las instituciones públicas o privadas que los tengan bajo su cuidado, estén obligados a educarlos en el uso seguro y adecuado de las tecnologías de la información y comunicación.

El Congreso mexiquense aprobó que quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de menores, así como las instituciones públicas o privadas que los tengan bajo su cuidado, estén obligados a educarlos en el uso seguro y adecuado de las tecnologías de la información y comunicación, tomando en cuenta su nivel de comprensión, edad, capacidad y madurez.

La iniciativa, impulsada por la diputada Yareli Anai Esparza Acevedo (PT), establece que el uso de dispositivos electrónicos debe ser moderado y acorde con la edad, el nivel de comprensión, la capacidad, la madurez y la autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes, a fin de evitar una sobreexposición digital que perjudique su desarrollo motor y sus capacidades de aprendizaje, así como fomentar la convivencia con sus pares.

Al presentar el dictamen de la propuesta de reforma al Código Civil estatal, la proponente señaló que detrás de cada pantalla hay niñas, niños y adolescentes que necesitan atención, acompañamiento y protección. Añadió que no se trata de rechazar estas herramientas ni de impedir que las infancias disfruten de sus beneficios, sino de promover su uso responsable mediante límites adecuados y la participación activa de las familias.

El documento señala que los primeros seis años de vida son fundamentales para el desarrollo del cerebro humano, las habilidades motoras y las características psicoemocionales que influyen en el desarrollo de las personas a lo largo de su vida. Por otra parte, apunta que, en la época de la globalización y expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, diversos estudios muestran que el uso inadecuado de las pantallas puede conducir a problemas en el desarrollo cognitivo de los niños.

Añade que se ha observado que en menores de 6 años una elevada exposición a la televisión se relaciona con alteraciones de las habilidades de motricidad gruesa, mientras que el tiempo de uso pasivo de pantallas (que incluye ver televisión o videos en cualquier dispositivo) está asociado negativamente con la función ejecutiva, las habilidades sociales, y el rendimiento escolar en matemáticas y ciencias.

En este sentido, puntualiza que, en las últimas décadas, el avance tecnológico ha transformado radicalmente las dinámicas sociales y educativas; sin embargo, el uso inadecuado de estas herramientas, especialmente durante la primera infancia, puede resultar más perjudicial que beneficioso, lo que refuerza la necesidad de una reforma como la aprobada.

Designa Congreso a representantes ante el jurado de la Presea “Estado de México” 2027

A propuesta de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura mexiquense, los diputados Francisco Vázquez y José Alberto Couttolenc fueron designados representantes propietario y suplente en el Consejo de Premiación de la Presea “Estado de México” 2027.

El Congreso local designó a los diputados José Francisco Vázquez Rodríguez (morena) y José Alberto Couttolenc Buentello (PVEM), presidente y vicepresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), respectivamente, como representantes propietario y suplente de la LXII Legislatura mexiquense ante el Consejo de Premiación de la Presea “Estado de México” 2027.

Cabe señalar que la presea se otorga con el propósito de mantener el reconocimiento a mexiquenses sobresalientes mediante un enfoque racionalizado, representativo y socialmente pertinente, alineado con el principio de austeridad republicana que permita optimizar el uso de recursos públicos sin renunciar al deber institucional de distinguir a quienes contribuyen al engrandecimiento de la entidad.

A propuesta de la Jucopo, el Pleno legislativo también designó a las, le y los legisladores Brenda Colette Miranda Vargas, Luisa Esmeralda Navarro Hernández, Israel Espíndola López, Osvaldo Cortés Contreras y Javier Cruz Jaramillo, de la bancada de morena, así como a Alejandra Figueroa Adame y Carlos Alberto López Imm, del PVEM, como representantes propietarios del Poder Legislativo en los jurados calificadores de las siguientes modalidades de la presea: ‘Mérito Científico, Tecnológico y Educativo’; ‘Defensa de los Derechos Humanos y Bienestar Animal’; ‘Cultura y los Pueblos Indígenas’; ‘Fomento Económico, Ambiental y Social’; ‘Desarrollo Productivo y Agrario’; ‘Liderazgo Joven y la Innovación Social’, y ‘Libertad de Expresión y Mérito Cívico’, respectivamente.

El acuerdo, leído por la legisladora Sara Alicia Ramírez de la O (PT) durante la sesión deliberante, establece que las diputadas Itzel Daniela Ballesteros Lule, Susana Estrada Rojas y Martha Azucena Camacho Reynoso, de morena; Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) y Sofía Martínez Molina (PT), así como el diputado Rigoberto Vargas Cervantes (morena), fungirán como suplentes en ese colegio.

Avala el Congreso que Contraloría Legislativa asuma tareas de transparencia

El Congreso mexiquense aprobó que la Contraloría del Poder Legislativo asuma las funciones de autoridad garante de la dependencia en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

El Congreso mexiquense aprobó que la Contraloría del Poder Legislativo asuma las funciones de autoridad garante de la dependencia en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, a fin de recibir y resolver solicitudes de información parlamentaria de la población, como dispone la reforma que extingue al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

A propuesta del diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXII Legislatura estatal, el Pleno legislativo aprobó también la creación de la Dirección de Transparencia y Protección de Datos Personales, adscrita a la Contraloría, que brindará apoyo técnico, jurídico y administrativo a la persona titular de esta última en el ejercicio de sus atribuciones como autoridad garante.

Asimismo, avaló transformar la actual Unidad de Información del Poder Legislativo, en Unidad de Transparencia, para la atención de las solicitudes de información de las y los mexiquenses.

La iniciativa que modifica la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo y el Reglamento Interno de la Contraloría, y expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo —presentada por el diputado Armando Navarrete López (morena) durante sesión deliberante—, responde a la reforma local de agosto de 2026 que decretó la desaparición del Infoem, creó el órgano desconcentrado denominado Transparencia Mexiquense y determinó que la Contraloría legislativa sea responsable de garantizar la transparencia y el acceso a la información en el Congreso, entre otros puntos.

En este sentido, establece que la persona titular de la Contraloría ejercerá las funciones de autoridad garante y garantizará los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. Para ello, deberá observar los principios de certeza, congruencia, documentación, eficacia, excepcionalidad, exhaustividad, gratuidad, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.

Igualmente, mandata que el Poder Legislativo estará obligado a respetar el ejercicio del derecho humano que toda persona tiene de buscar, difundir, investigar, solicitar y recibir información pública, privilegiando el principio de máxima publicidad de los datos.

Para tal efecto, establece que los órganos y las dependencias obligados a cumplir las disposiciones correspondientes son la Directiva de la Legislatura; la Diputación Permanente; la Jucopo; las comisiones y los comités; el Órgano Superior de Fiscalización; la Secretaría de Asuntos Parlamentarios; la Contraloría; la Secretaría de Administración y Finanzas; la Dirección General de Comunicación Social; el Instituto de Estudios Legislativos; los grupos parlamentarios; y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Además, señala que las personas servidoras públicas del Poder serán responsables de la información que produzcan, administren, manejen, archiven o conserven, la cual estará a disposición de las personas, salvo aquella que esté clasificada como reservada o confidencial.

Aparte, detalla la información que el Poder Legislativo deberá difundir de oficio; ordena que realice actualizaciones periódicas de dicha información; apunta que este Poder debe poner a disposición de los particulares los medios necesarios para tener acceso a la información de una forma ágil, sencilla y directa; distingue la información clasificada como reservada y confidencial; y actualiza el Comité de Transparencia del Poder Legislativo como órgano encargado de garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Complementariamente, precisa que la Presidencia de la Jucopo nombrará a la persona titular de la Unidad de Transparencia; establece el procedimiento de acceso a la información pública ante esa unidad; detalla el procedimiento para el acceso y corrección de datos personales; determina los medios de impugnación ante la negativa de acceso total o parcial de la información solicitada, o la inexistencia de los documentos; e incorpora las medidas de apremio y sanciones por las faltas en las que incurran las personas servidoras públicas del Poder al Reglamento.

Finalmente, establece que las autoridades investigadoras y substanciadoras de la Contraloría estarán facultadas para expedir copias certificadas de la documentación bajo su resguardo, de conformidad con las disposiciones en materia de reserva, confidencialidad y protección de datos personales.