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Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GP PVEM) se reunieron con el subdirector general jurídico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Óscar Zavala Gamboa, para fortalecer la coordinación institucional e impulsar una ruta de trabajo conjunta que contribuya a la armonización de la Ley de Aguas del Estado de México con la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia de trabajar de manera conjunta para impulsar soluciones a los retos que enfrenta la entidad en materia hídrica.
“¡El agua es una prioridad para las familias mexiquenses y seguiremos trabajando para dar resultados!”, afirmó el coordinador de la bancada del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello.
En México, 40 por ciento de los menores de edad se ha enfrentado al ciberacoso.
En el Senado de la República se realizó la Primera Mesa de Trabajo del Pacto “Click Protegido”, con la que cual se busca comenzar los ejercicios de análisis para la elaboración de iniciativas legislativas que fortalezcan la prevención de la violencia digital y la explotación sexual infantil.
El Pacto “Click Protegido” es la suma de esfuerzos entre organizaciones, instituciones, especialistas, legisladores y sociedad civil, que el pasado 27 de mayo fue firmado por los senadores Luis Donaldo Colosio Riojas y Alejandra Barrales Magdaleno, de MC; la senadora con licencia Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena; y la senadora Laura Esquivel Torres, del PAN, así como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
El presidente de la Comisión de Derechos Digitales, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló mediante un video mensaje, que las mesas de trabajo son parte del andamiaje integral que se tienen que construir con todos los sectores involucrados en las violencias que se dan en los entornos digitales.
Afirmó que en estas mesas participarán niñas, niños y adolescentes, porque sin ellos no se puede legislar a su favor, y por eso uno de los temas principales a debatir será el reclutamiento de menores a través de plataformas digitales, y para ello se tiene que presentar una propuesta consensuada.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Laura Esquivel Torres, indicó que el tema de la protección de niñas, niños y adolescentes en redes sociales, no se puede resolver solamente con el trabajo de los legisladores, sino que se requiere de las escuelas, los padres de familia, las instituciones gubernamentales, los jóvenes y la organización civil.
Asentó que todos los días, las niñas, niños y adolescentes están expuestos a la violencia digital, pues de acuerdo con algunos datos en México el 30 por ciento de los adolescentes están expuestos a imágenes sexuales no deseadas y el 40 por ciento se ha enfrentado al ciberacoso, en tanto que el 40 por ciento se sienten deprimidos y ansiosos por las redes sociales.
La secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio Ayala, mencionó que es importante hacer grandes mesas de trabajo para proponer lo que se debe regular en las Cámaras del Congreso, a fin de que tener iniciativas de ley que integren las voces de todos, incluida la de la niñez y la adolescencia.
Sostuvo que las nuevas generaciones “son una ciudadanía digital” que habita en este entorno de manera importante, y por ello se requiere garantizar que pueden navegar de manera segura, consciente y corresponsable, de ahí que se requiere hacer un frente contra la violencia digital.
Karen de Aquino Morales, de 17 años, representante del grupo “Juntas y juntos por nuestros derechos” de la REDIM, aseveró que esta primera mesa de trabajo que convoca a todas y todos, es con la intención de revisar un hecho que no se puede seguir ignorando, que los entornos digitales se han convertido en parte de la vida cotidiana de las niñas, niños y adolescentes.
Aseguró que, si bien desde estos entornos se desarrollan, expresan y ejercen su ciudadanía, es importante mirar que dentro de ellos se mueven diversos tipos de violencia que atentan contra sus derechos humanos como niñas, niños y adolescentes, que requieren acciones concretas, coordinadas y que pongan como prioridad su interés superior.
Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de REDIM, destacó que en estas mesas se debe entender que un “click protegido” no quiere decir un “click limitado”, por lo que se debe terminar el falso dilema que para proteger se debe de limitar, lo que lleva a que juntos encuentren la forma de protegerlos, pero sin limitar sus derechos.
• La realidad exige que la legislación penal refleje expresamente a los medios contemporáneos; diputada Arellano Ávila (Morena)
La diputada Giselle Yunueen Arellano Ávila (Morena) impulsa una iniciativa que reforma la fracción inicial del artículo 282 del Código Penal Federal, con la finalidad de sancionar de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días de multa, a quien por cualquier medio o modo, de forma directa, indirecta, verbal, escrita, simbólica, digital o a través de medios electrónicos o telemáticos amenace a otra persona para causarle mal.
El proyecto también establece que el daño puede ser a la integridad física, psicológica o sexual, en bienes, honor, bienes o derechos de alguien con quien el sujeto pasivo mantenga o haya mantenido un vínculo familiar, afectivo, laboral, de convivencia o de cualquier otra naturaleza análoga.
Arellano Ávila señala en que el objetivo de la iniciativa es fortalecer el tipo penal, actualizar su contenido a la realidad criminológica contemporánea y armonizarlo con los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos que vinculan al Estado mexicano.
De igual forma, ampliar el catálogo de bienes jurídicos protegidos para incorporar expresamente la integridad física, psicológica y sexual del sujeto pasivo, en armonía con los estándares constitucionales y convencionales vigentes.
Asimismo, consolidar un marco jurídico que prevenga la normalización de prácticas de intimidación y violencia, promoviendo una cultura de respeto a la dignidad, la seguridad y la convivencia pacífica dentro y fuera de los entornos digitales.
Destaca que la redacción vigente de dicho precepto corresponde a la época en que los medios de comunicación se reducían fundamentalmente al contacto directo y a la escritura postal.
Sin embargo, la irrupción masiva de las tecnologías de la información y comunicación, en particular las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea, el correo electrónico, entre otros, han generado nuevas modalidades de amenazas que, si bien podrían quedar comprendidas en la fórmula vigente, su regulación expresa otorga mayor certeza jurídica, tanto a víctimas como a operadores del sistema penal.
Precisa que estudios criminológicos demuestran que un porcentaje significativo de amenazas se producen en las relaciones interpersonales concluidas, parejas sentimentales, exsocios, exempleados o exconvivientes, pero la redacción vigente no contempla los vínculos pretéritos, lo que puede propiciar interpretaciones restrictivas.
El documento, enviado a la Comisión de Justicia, subraya que actualmente las amenazas ya no se limitan a interacciones presenciales o comunicaciones tradicionales, sino se manifiestan a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, correos electrónicos, plataformas digitales, incluso mediante perfiles anónimos o cuentas automatizadas.
Esta realidad exige que la legislación penal refleje a los medios contemporáneos mediante los cuales se genera afectación a la seguridad y tranquilidad de las personas, ya que un mensaje intimidatorio puede ser replicado de forma masiva, permanecer almacenado indefinidamente y llegar simultáneamente a familiares, amistades o centros de trabajo de la víctima, generando afectaciones psicológicas.
En particular se han incrementado las amenazas contra mujeres, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, servidoras públicas y grupos vulnerables, por lo que diversos organismos nacionales e internacionales advierten que las intimidaciones constituyen la antesala de conductas más graves de violencia física, psicológica y sexual, de ahí que su atención oportuna resulta indispensable, enfatiza.
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