• La diputada Leticia Mejía (PRI) informó que se está trabajando en la armonización de listados de pueblos y comunidades indígenas a nivel estatal y nacional, al tiempo que reiteró su compromiso de seguir haciendo equipo con este sector, con lo que pueden acceder a programas, apoyos y políticas públicas.
• La legisladora encabezó el Segundo Encuentro con Autoridades Indígenas en el que representantes y personas líderes comunitarias recibieron información por parte de instituciones a nivel estatal y nacional para la defensa de los derechos y la aplicación de programas a favor de este sector.
Durante el ‘Segundo Encuentro con Autoridades Indígenas’en el Congreso mexiquense, la diputada Leticia Mejía García (PRI) informó que se está trabajando en la armonización de listados de pueblos y comunidades indígenas a nivel estatal y nacional, lo cual conlleva acceder a programas, apoyos y políticas públicas diseñadas para proteger su cultura, su lengua, su territorio y su legado.
Al reiterar su compromiso de seguir haciendo equipo con este sector, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura mexiquense también subrayó que seguirá luchando por la armonización legislativa en relación con la reforma constitucional (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024) para promover la participación efectiva de comunidades indígenas y afromexicanas en decisiones que afectan sus territorios y recursos.
En este evento —cuyo propósito fue contribuir a nutrir el conocimiento de quienes fungen como autoridades o representantes indígenas, a efecto de ampliar las capacidades de gestión a favor de sus comunidades y para la defensa de sus derechos—, la diputada señaló que comunidades y personas indígenas han luchado por hacer valer su voz, el reconocimiento pleno de su identidad, su forma de vida e interacción con la naturaleza, así como el derecho sobre sus tierras.
Ante personas directoras, coordinadoras y jefas de departamento en la materia, de los ayuntamientos con población indígena y líderes comunitarios, que conocieron los servicios y programas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría del Campo estatal y del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), la parlamentaria solicitó que la información sea transmitida “de voz en voz”, pues afirmó que hay personas sin posibilidad de trasladarse o sin acceso a dispositivos e internet para conocer las políticas públicas.
En la Biblioteca Legislativa 'Dr. José María Luis Mora', recordó que, en la primera edición del encuentro, realizado el 12 de septiembre de 2025, participó la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial de la entidad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de las Mujeres, así como la Procuraduría Agraria del Gobierno de México.
La diputada reconoció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su disposición para que integrantes de su administración participen en estos eventos, así como la presencia y participación de Ausencio Valencia Largo, consejero de extracción indígena del Consejo Consultivo de la Codhem, y de Claudia Regina Jiménez Valdez, encargada del despacho de la Vocalía Ejecutiva del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México.
En este sentido, Ferdinand Padilla Vigueras, encargado de despacho de los asuntos de la Oficina de Representación del INPI en el Estado de México; Jennie Idania Ortiz Baehr, fiscal especializada del área de feminicidios de la FGJEM; Zenón Vargas Martínez, director general del ICATI; así como Jorge Omar Velázquez Espinoza, María del Rocío Martínez Martínez y Rosalba Álvarez Carrión, director general para un Desarrollo Agropecuario Adaptativo y Autosuficiencia Alimentaria, directora general de Desarrollo Agrario y Rural Sostenible, y directora general de Infraestructura Rural de la Secretaría del Campo estatal, respectivamente, brindaron información sobre los servicios de sus dependencias.
• El diputado Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la diputada Martha Camacho, presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense asistieron al ‘Primer Informe de Actividades’ de Patricia Zarza, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), quien anunció que enviará el proyecto de la ley de la máxima casa de estudios de la entidad.
• La gobernadora Delfina Gómez llamó a la comunidad universitaria a seguir sirviendo a la sociedad mexiquense como ha venido haciendo junto con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
• El parlamentario Francisco Vázquez destacó la realización de foros para recabar la opinión de todos los sectores involucrados con la institución, por lo que expresó que el proyecto busca beneficiar a la comunidad universitaria.
El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez y la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidente de la Junta de Coordinación Política y presidenta de la Directiva, respectivamente, de la LXII Legislatura mexiquense, atestiguaron el ‘Primer Informe Anual de Actividades’ de Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) para la administración 2025-2029, en el que anunció que presentará una iniciativa de Ley de la máxima casa de estudios de la entidad para que sea analizada por el Congreso.
Con la participación de Delfina Gómez Álvarez, gobernadora de la entidad, —quien llamó a las y los universitarios a seguir sirviendo a la sociedad como lo hacen los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial junto con la universidad—, la rectora indicó que la iniciativa de ley fue elaborada con propuestas recabadas en foros con la participación de personas estudiantes, académicas, administrativas y operativas de la institución, y que en marzo iniciarán la etapa de consulta a la comunidad y posteriormente su aprobación por el Consejo Universitario.
Añadió que, tras esta fase, la propuesta se remitirá a la gobernadora para que, conforme a lo establecido en la ley, la presente al Poder Legislativo para su discusión y, en su caso, aprobación.
Al concluir el evento, el parlamentario Francisco Vázquez destacó la realización de foros para recabar la opinión de todos los sectores involucrados con la institución, por lo que expresó que el proyecto busca beneficiar a la comunidad universitaria.
Cabe señalar que, de acuerdo con la rectora, la propuesta de ley considera, entre otros puntos, la representación en el Consejo Universitario de toda la comunidad; el fortalecimiento académico que considere todas las modalidades educativas y el uso de tecnología en modelos de enseñanza-aprendizaje; y retribución social con igualdad de oportunidades en educación, incremento de capacidades cognitivas, destrezas y habilidades para mejorar la participación de las juventudes en el mercado laboral, además del incremento del bienestar comunitario y el desarrollo armónico y en paz de la sociedad.
• La Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios de la LXII Legislatura mexiquense citó el 14 de abril a representantes de las comunidades de Atzingo (Ocuilan), San Francisco Tlalcilalcalpan (Almoloya de Juárez), San Pablo de las Salinas (Tultitlán) y Santa Catarina Ayotzingo (Chalco) a exponer las razones por las que piden convertirse en municipios.
• El diputado Román Cortés advirtió que esta convocatoria no implica una resolución vinculatoria de las peticiones.
• La diputada Ruth Salinas recordó que es facultad de las y los legisladores la defensa del territorio, la historia, la legalidad y la soberanía municipal.
• La congresista Miriam Silva llamó a autoridades en conflicto de límites a considerar las afectaciones que las diferencias limítrofes generan a sus poblaciones.
La Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios de la LXII Legislatura mexiquense, cuyo presidente es el diputado Francisco Román Cortés Lugo (morena), citó a representantes de las comunidades de Atzingo (Ocuilan), San Francisco Tlalcilalcalpan (Almoloya de Juárez), San Pablo de las Salinas (Tultitlán) y Santa Catarina Ayotzingo (Chalco), a exponer el próximo 14 de abril las razones por las que piden convertirse en municipios.
En reunión de trabajo para sustanciar también tres garantías de audiencia para proseguir igual número de procedimientos de solución de conflictos de límites intermunicipales, el legislador Francisco Cortés explicó que la citación referida servirá para conocer las motivaciones sociales e históricas de las comunidades solicitantes, sin que ello implique una resolución vinculatoria en esta etapa.
En el encuentro, la comisión también acordó iniciar los procedimientos para la creación de los municipios de Santiago Yeché, en Jocotitlán; Teacalco, en Temascalapa, Tecámac, Axapusco, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides; así como Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, Ecatepec y Texcoco. El acuerdo considera notificar en un plazo de 15 días hábiles esta determinación a las partes peticionarias.
Seguidamente, autoridades de Teoloyucan, Tepotzotlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, rechazaron ante esta instancia legislativa alcanzar un acuerdo amistoso para resolver sus diferencias territoriales.
En un primer caso, Luis Domingo Zenteno Santaella, presidente de Teoloyucan, solicitó continuar el procedimiento resolutivo por considerar que no se trata de un asunto técnico sino de invasión de facultades administrativas. Mientras que María de los Ángeles Zuppa Villegas, presidenta de Tepotzotlán, indicó que la línea que los divide está perfectamente trazada, por lo que no se justifica la petición.
Tras señalar que es facultad de las y los legisladores la defensa del territorio, la historia, la legalidad y la soberanía municipal, la parlamentaria Ruth Salinas Reyes (MC), como asociada de la comisión, expuso que este conflicto deriva de actos del gobierno estatal de 2019, cuando autorizó actos administrativos y servicios en Tepotzotlán, reconociendo de manera errónea la competencia de Teoloyucan.
Seguidamente, el edil de Teoloyucan y la de Cuautitlán, Juana Carrillo Luna también descartaron una solución amistosa. Para Luis Zenteno no es posible en virtud de una alteración de facto de la línea limítrofe por hechos administrativos ajenos a Teoloyucan. Juana Carrillo pidió desestimar la demanda en contra de Cuautitlán por tratarsede un intento de segregación territorial que no corresponde resolver al Poder Legislativo.
En un tercer caso las representaciones de Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli negaron la posibilidad de un arreglo amistoso también. Luis Zenteno afirmó que el diferendo se debe a una interpretación errónea del decreto de creación de Cuautitlán Izcalli. Luis Daniel Serrano Palacios, edil de Cuautitlán Izcalli, solicitó rechazar la demanda en su contra por considerar que no existe materia, ya que esta demarcación y Teoloyucan no comparten límites.
En los tres casos, el legislador Francisco Cortés expuso que, por no haber acordado arreglos amistosos, proseguirán los procedimientos reglamentarios y se abrirán las fases de recepción de pruebas.
A su vez la congresista Miriam Silva Mata llamó a las partes en conflicto a reflexionar sobre la pertinencia de solicitar y proceder a estos procedimientos, y a considerar que la parte más afectada es la población, sobre todo en sus sentidos de identidad y pertenencia a determinadas demarcaciones o comunidades. En los tres casos cuestionó a las autoridades sobre si habían consultado a sus habitantes la conveniencia de solicitar al Congreso resolver estas diferencias.
En otros temas, la comisión decidió retomar el procedimiento entre los municipios de Atizapán Santa Cruz contra Almoloya del Río y Tianguistenco, reconociendo como terceros interesados a los municipios de San Antonio la Isla y Texcalyacac. Además, admitió la solicitud de Toluca y Otzolotepec para ya no ser considerados como terceros interesados en el diferendo entre Xonacatlán y Lerma.
Finalmente, llamó al municipio de Hueypoxtla en el procedimiento de diferendo limítrofe con Tequixquiac, a que se presente a las 10:00 horas el próximo viernes 13 de marzo a aclaración, considerando que derivado del análisis y revisión de las pruebas, existe incongruencia entre las documentales presentadas y su escrito de ofrecimiento de pruebas.
• Integrantes de comisiones unidas del Congreso mexiquense se pronunciaron a favor de la incorporación del principio de corresponsabilidad familiar en la legislación estatal, como lo plantea la diputada María del Carmen de la Rosa (morena).
• Diputadas de morena y del PVEM también destacaron la aprobación, en otra reunión de comisiones, de la tipificación de la violencia vicaria con hasta ocho años de prisión.
• La autora de la iniciativa indicó que la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo reporta que las mujeres dedican el 66.8% de su tiempo laboral a actividades no remuneradas, mientras que los hombres solo invierten el 33.2%.
Integrantes de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género del Congreso mexiquense se pronunciaron por revertir desigualdades entre mujeres y hombres mediante la incorporación del principio de corresponsabilidad familiar en la legislación estatal, como lo plantea una iniciativa de la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (morena).
Al iniciar el estudio de la propuesta para que se establezca en el Código Civil y en la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ambos de la entidad, la distribución equitativa de tareas como el cuidado y la educación de las personas dependientes dentro del hogar, la proponente y las congresistas Zaira Cedillo Silva (morena) y Miriam Silva Mata (PVEM) señalaron que contribuye a cerrar la brecha estructural entre los derechos de ambos géneros.
En la reunión, presidida por el diputado Vladimir Hernández Villegas (morena), también indicaron que, en el marco de la conmemoración del ‘Día Internacional de la Mujer’ (el próximo 8 de marzo), la LXII Legislatura estatal trabaja en una agenda de protección a las mexiquenses, como la aprobación, en otra reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, de la tipificación de la violencia vicaria con hasta ocho años de prisión.
La autora de la iniciativa destacó que se busca romper estereotipos sobre los roles de género mediante una legislación acorde con la realidad social, pues las mujeres realizan, en mayor medida, trabajos por los que no reciben remuneración, tales como el cuidado de menores, personas enfermas, adultas mayores, con discapacidad y labores domésticas.
Indicó que la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta que las mujeres dedican el 66.8 por ciento de su tiempo laboral a actividades no remuneradas, mientras que los hombres solo invierten el 33.2 por ciento. En promedio, añadió, las mujeres trabajan 61.1 horas a la semana, 3.1 más que los hombres (58.0 horas), pero gran parte corresponde a tareas domésticas y de cuidado. En el Estado de México, precisó, las mujeres siguen destinando 37.4 horas semanales al trabajo no remunerado.
Entre las principales problemáticas de la falta de corresponsabilidad familiar por roles de género arraigados, mencionó la sobrecarga de labores, limitaciones al crecimiento profesional, reducción del tiempo de descanso, desconexión familiar, así como la perpetuación de la brecha de género y la dependencia económica de las mujeres en relación con los hombres.
Al respecto, la legisladora Zaira Cedillo resaltó que la propuesta contribuye a cerrar las brechas de desigualdad y combatir la violencia en contra de las mujeres. La parlamentaria Miriam Silva indicó que, a la desigualdad salarial, se suma el doble trabajo que desempeñan las mujeres en el hogar, por lo que destacó que se estén analizando propuestas de compensación por labores de cuidado y domésticas, así como la penalización de la violencia vicaria.
Cabe señalar que la iniciativa define la corresponsabilidad familiar como el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como la organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres.
Además, dispone que la legislación estatal proteja a la familia con base en este principio, que el matrimonio es la institución pública y social en donde las partes se procuran esta corresponsabilidad familiar y están obligadas a guardarse fidelidad procurándola. Asimismo, que en el divorcio tendrá derecho a alimentos quien lo requiera, según la duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la atención y cuidado de la familia.