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• La diputada Susana Estrada (morena) propuso que la Secretaría de Salud estatal, a través del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, certifique los servicios que ofrecen particulares y responsables de los centros de atención a las adicciones.
• La iniciativa plantea que el instituto genere un padrón de quienes ofrecen el servicio, de acuerdo con el modelo de atención y el municipio en el que operan, el cual deberá ser actualizado cada año.
La diputada Susana Estrada Rojas (morena) propuso que la Secretaría de Salud estatal, a través del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, garantice, mediante una certificación, que las personas responsables y particulares de los centros para la atención y rehabilitación de adicciones brinden servicios profesionales y actualizados.
De acuerdo con la iniciativa de modificación al Código Administrativo estatal, el instituto deberá implementar un padrón de quienes ofrecen el servicio, en donde se brinde información sobre su modelo de atención y el municipio en el que operan, el cual deberá ser actualizado cada año.
El proyecto legislativo puntualiza que el aval a estos servicios permitiría fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), que opera el programa de Reconocimiento y Ratificación a Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones, y del Consejo Estatal contra las Adicciones, a fin de asegurar que las personas usuarias obtengan el resultado esperado por ellas mismas y sus familias.
En su exposición en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, la legisladora detalló, con datos de la Conadic, que en 2025 los centros comunitarios de salud mental y adicciones de la entidad atendieron 9 mil 241 casos.
Ante este panorama, aseveró que “hablar de rehabilitación es hablar de dignidad humana y reconocer que ninguna persona debe ser sometida a ningún tipo de violencia, ni verbal, ni física, ni emocional, ni espiritual. Por ello, la capacitación de quienes están al frente de estos espacios es una herramienta para garantizar procesos de atención respetuosos, profesionales y verdaderamente orientados a la recuperación integral de las personas”.
Ante el cuestionamiento del legislador Octavio Martínez Vargas (morena) sobre los operativos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contra estos espacios y su criminalización, la parlamentaria explicó que no deben ser perseguidos quienes buscan una segunda oportunidad, y quienes ayudan a su recuperación deben ser apoyados por el Estado.
Cabe señalar que la iniciativa plantea la posibilidad de que, una vez certificados los servicios que brinda la persona responsable o particular, el centro o centros en que labore podrán recibir, de entes públicos municipales, estatales o federales, recursos económicos o en especie que para tal efecto administren, conforme a sus reglas de operación y a partir de la publicación de la convocatoria respectiva.
De la misma manera, podrían, en su caso, recibir estímulos en especie o en numerario de entes privados de carácter nacional, de acuerdo con su modelo de atención.
Finalmente, dispone que el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones capacite de manera continua y permanente a las personas responsables y particulares de los establecimientos especializados en adicciones, de acuerdo con su modelo de atención, con el objeto de actualizar sus técnicas y métodos para el cumplimiento de su objeto.
De aprobarse la reforma, los centros tendrían un año para solicitar al instituto la capacitación y actualización referidas, luego de lo cual podrían solicitar la certificación. A partir del segundo año, la certificación sería obligatoria.
• Para difundir la riqueza ritual y culinaria de los pueblos originarios, en el Congreso local la diputada Leticia Mejía (PRI) promovió la presentación del libro ‘Bebidas Rituales de los Pueblos Originarios del Estado de México’.
• Apuntó que, como parte de su labor legislativa, busca la aprobación de la reforma constitucional para reconocer a las personas indígenas de la entidad como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía para su libre determinación.
Al presentar el libro ‘Bebidas Rituales de los Pueblos Originarios del Estado de México’, publicado por el Poder Legislativo estatal, la diputada Leticia Mejía García (PRI), quien es coordinadora editorial de la obra, resaltó que con él se busca difundir su riqueza ritual y culinaria, como parte del compromiso para visibilizarlos y dignificarlos.
En el salón ‘Benito Juárez’ de la sede del Congreso mexiquense, la congresista destacó el apoyo de los legisladores José Francisco Vázquez Rodríguez (morena) y Elías Rescala Jiménez (PRI), presidente y vicepresidente de la Junta de Coordinación Política, para la realización y publicación de este texto en enero de 2025, el cual ayuda a tender un puente “hacia nuestras raíces y reconocer que ahí se encuentra el cimiento de nuestra identidad como mexiquenses”.
Ante personas que colaboraron en la obra y representantes de colectivos de pueblos originarios, afirmó que el libro es una invitación a conocer los procesos de elaboración, los aspectos culturales de la cosmovisión indígena que se aprecian en el contexto de fiestas religiosas y familiares, pero principalmente para visitar esos lugares, conocer más sobre los pueblos originarios y contribuir a preservar sus saberes a través del consumo de esas bebidas, fortaleciendo así la cadena productiva que se da en torno a ellas.
Por otro lado, recordó que en la LXI Legislatura mexiquense impulsó y fue aprobada la declaración del 17 de noviembre de cada año como el ‘Día de la Cocina Tradicional Mexiquense’, como un paso para visibilizar la riqueza gastronómica indígena y detonar acciones que ayuden a conocerla, valorarla, prepararla y a seguirla compartiendo.
En el encuentro Leonor Cano Garduño, académica de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), colaboradora y coordinadora de la pieza, relató que fue posible a la labor de la congresista Leticia Mejía, personas de las cinco etnias originarias (Mazahuas, Otomíes, Nahuas, Tlahuicas y Matlatzincas), investigadoras y fotógrafas, quienes coincidieron en la necesidad de reconocer, difundir y proteger las bebidas rituales que no sólo sirven para la rehidratación corporal, sino también conllevan una carga simbólica que ayuda a entender las cosmogonías originarias.
A su vez, Jiapsy Arias González, también académica de la UAEMEX, se refirió al capítulo del texto dedicado al mezcal, en tanto que David Gómez Sánchez, docente de la Universidad Intercultural del Estado de México, reconoció el esfuerzo que requirió compilar los artículos que componen el libro.
La presentación contó con la asistencia de David Gómez, Joel Pillado, Oralia Pérez, Kevin Olivares, Daniel Rodríguez y Mar Ortiz, quienes participaron en la investigación, contenido y fotografía de la obra, a partir de los saberes y testimonios de Dolores Contreras, Agustina López Pablo, Martha Hernández, Margarita Gómez y Sergio Reynoso, cocineras y productor de mezcal, respectivamente.
Finalmente, la legisladora Leticia Mejía compartió que continúa impulsando la reforma a la Constitución estatal para reconocer a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía para su libre determinación.
Cabe señalar que el Congreso local organizará cinco asambleas regionales informativas y consultivas el próximo 25 de abril, así como una asamblea general el 29 del mismo mes. En estos espacios, las comunidades, de manera conjunta y conforme a sus especificidades culturales, podrán emitir sus opiniones sobre la reforma, la cual además armoniza las constituciones local y federal.
• El planteamiento de la diputada Selina Trujillo (morena) busca conformar un sistema urbano más justo, eficiente, competitivo y sostenible mediante lineamientos para promover la integración sustentable de zonas metropolitanas, la competitividad económica, la equidad social, la protección ambiental y la mitigación de riesgos.
• Plantea la creación de un Mecanismo de Presupuestación Metropolitano a efecto de alinear inversiones hacia impactos reales y medibles, así como incorporar consejos ciudadanos consultivos y audiencias vinculantes como mecanismos permanentes de contraloría social.
• El documento detalla que, de los 16 millones 992 mil 418 habitantes de la entidad, 14 millones 963 mil 474 (88.1% de la población total) viven en un contexto urbano.
Con el propósito de conformar un sistema urbano más justo, eficiente, competitivo y sostenible, la diputada Selina Trujillo Arizmendi (morena) propuso expedir la Ley de Coordinación y Desarrollo Metropolitano del Estado de México, con lineamientos para promover la integración sustentable de zonas metropolitanas, la competitividad económica, la equidad social, la protección ambiental y la mitigación de riesgos.
De acuerdo con su exposición de motivos, el proyecto legislativo pretende pasar de una coordinación reactiva y voluntarista a una institucionalizada, obligatoria y con mecanismos de rendición de cuentas para atender la desigualdad en el acceso a servicios, empleo y movilidad, además de incorporar criterios de riesgo, adaptación y mitigación climática.
En sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, la diputada señaló que la iniciativa, “cuyo corazón es la gente”, plantea un nuevo modelo de gobernanza metropolitana basado en la coordinación, la planeación y la corresponsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno.
El proyecto legislativo plantea la creación de un Mecanismo de Presupuestación Metropolitano estatal, con reglas transparentes y participación municipal, a efecto de alinear inversiones hacia impactos reales y medibles, así como incorporar consejos ciudadanos consultivos y audiencias vinculantes como mecanismos permanentes de contraloría social.
Este mecanismo se integraría con recursos provenientes de aportaciones municipales, recursos estatales y federales, pero podría recibir aportaciones de asociaciones público-privadas para infraestructura metropolitana; donaciones, patrocinios o aportaciones voluntarias de empresas, fundaciones y cámaras empresariales, e inversiones de impacto social o fondos de responsabilidad social empresarial orientados a proyectos verdes, equidad territorial o resiliencia.
Lo anterior se instrumentaría mediante convenios transparentes, con cláusulas de rendición de cuentas, auditoría y prevención de conflictos de interés, priorizando aquellos que generen beneficios compartidos sin comprometer la autonomía pública.
También se podrían recibir recursos provenientes de organismos internacionales y de cooperación bilateral. Al menos el 40 por ciento de los recursos anuales serían orientados prioritariamente a proyectos que beneficien zonas de alta marginación o periferias metropolitanas en donde se ubiquen los municipios con mayor índice de rezago social, con énfasis en acceso a movilidad, agua, saneamiento, espacios públicos y reducción de tiempos de traslado laboral.
El documento refiere que el instrumento jurídico propuesto se vincularía directamente con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, mediante el fortalecimiento de la coordinación intergubernamental, la resiliencia urbana, la equidad territorial, la sustentabilidad y el desarrollo inclusivo.
Los principios rectores de la ley serían autonomía municipal; consenso; coordinación intergubernamental; derechos humanos y accesibilidad universal; equidad; igualdad de género y perspectiva interseccional; participación ciudadana; resiliencia; sustentabilidad; transparencia y rendición de cuentas.
Además de definir los requisitos y procedimientos de declaración, modificación o extinción de zonas metropolitanas, así como las reglas para convenios de coordinación metropolitana, plantea que, para cada una de estas regiones, se constituirían un Consejo Metropolitano para el Desarrollo, una Junta de Coordinación Metropolitana, un Instituto Metropolitano de Planeación y Evaluación, un Comité Técnico de Financiamiento, un Consejo Ciudadano Consultivo y subcomités especializados.
El Consejo Metropolitano para el Desarrollo, presidido por la persona gobernadora, tendría la participación de las y los alcaldes que integran la zona metropolitana, así como de representantes de las secretarías estatales de Movilidad, Desarrollo Urbano e Infraestructura, Finanzas, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ambas del gobierno federal, y de las entidades federativas involucradas, con la posibilidad de invitar a representantes de cámaras empresariales, universidades, sectores productivos y organizaciones no gubernamentales.
Este consejo tendría entre sus atribuciones aprobar la agenda metropolitana anual; proponer convenios intergubernamentales; supervisar planes de desarrollo metropolitano; gestionar recursos federales a través del Fondo Metropolitano Federal; promover proyectos de impacto regional; evaluar impactos ambientales y sociales; resolver controversias entre municipios y emitir opiniones sobre reformas legislativas relacionadas.
En tanto, la Junta de Coordinación Metropolitana se erigiría como el órgano ejecutivo del sistema metropolitano, encargada de implementar las decisiones estratégicas del Consejo Metropolitano y de dar seguimiento operativo a la agenda metropolitana, mientras que el Instituto Metropolitano de Planeación y Evaluación se establecería como un organismo público descentralizado, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura estatal, pero bajo dirección del Consejo Metropolitano para el Desarrollo.
Por otro lado, el Comité Técnico de Financiamiento se define como el órgano especializado encargado de la administración técnica y financiera del Mecanismo de Presupuestación Metropolitano, así como de la supervisión y control de los recursos asignados a proyectos de impacto metropolitano. El Consejo Ciudadano Consultivo sería un órgano honorífico, de carácter consultivo y sin remuneración alguna para sus integrantes, integrado por representantes de la sociedad civil con el propósito de incorporar la voz ciudadana, la vigilancia social y la propuesta constructiva en la gobernanza metropolitana.
Respecto al Programa de Desarrollo Metropolitano, plantea que sea obligatorio, con vigencia de seis años, alineado al Plan Estatal de Desarrollo. La participación ciudadana se garantizaría mediante audiencias públicas, consejos ciudadanos consultivos, una plataforma digital permanente para la recepción de propuestas, quejas y seguimiento ciudadano, la figura de iniciativa ciudadana metropolitana y observatorios ciudadanos independientes para monitoreo de proyectos.
La iniciativa recuerda que el Estado de México alberga la zona metropolitana más poblada del país y una de las más grandes del mundo, ya que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) integra a más de 22 millones 800 mil personas, conformada por 63 unidades político-administrativas (16 alcaldías de la Ciudad de México, 45 municipios del Estado de México y dos municipios de Hidalgo).
Refiere que esta megarregión enfrenta desafíos estructurales de enorme magnitud y complejidad en materia de movilidad y congestión; contaminación ambiental y pérdida de servicios ecosistémicos; desigualdad socioespacial y gestión fragmentada, así como falta de gobernanza metropolitana efectiva, los cuales no son meramente coyunturales, toda vez que constituyen un reto histórico que afecta la calidad de vida, la competitividad económica y la sostenibilidad ambiental de millones de personas.
Detalla que, de los 16 millones 992 mil 418 habitantes de la entidad, 14 millones 963 mil 474 habitantes (88.1 por ciento de la población total) viven en un contexto urbano. El documento expone que la constante metropolización es un fenómeno irreversible y estratégico, porque las zonas metropolitanas ya no son una suma de municipios, sino sistemas complejos donde las decisiones locales impactan directamente en el conjunto, por lo que, de ignorar esta escala, se generaría ineficiencia, inequidad y degradación ambiental.
Agrega que una ley metropolitana fuerte podría contribuir a la reducción de brechas al priorizar proyectos que beneficien especialmente a las periferias marginadas, además de atender el tema de sustentabilidad y resiliencia.
El documento explica que, actualmente, la regulación metropolitana se sustenta principalmente en el Código Administrativo estatal y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Sin embargo, señala que ambos marcos jurídicos tienen limitaciones estructurales y operativas que resultan insuficientes frente a la complejidad metropolitana del Estado de México, ya que no abordan de manera integral, obligatoria y efectiva los desafíos metropolitanos.
Frente a estas limitaciones, la congresista considera necesario e impostergable expedir una nueva ley que, además de complementar la legislación vigente, institucionalice la coordinación obligatoria y vinculante entre municipios, gobierno estatal y entidades limítrofes, supere la voluntariedad actual; conforme instancias permanentes con autonomía técnica y presupuestal; regule mecanismos de financiamiento compartido, reglas de operación transparentes y resolución institucional de controversias, y supere la coordinación reactiva y sectorial para avanzar hacia una verdadera gobernanza metropolitana institucionalizada, con rendición de cuentas, participación ciudadana vinculante y enfoque en equidad, resiliencia y sustentabilidad.
• La diputada Sandra Patricia Santos (morena) planteó que los gobiernos estatal y municipales establezcan protocolos para que menores en situación de calle accedan a programas, servicios, y apoyos institucionales.
• La Secretaría de Bienestar, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en coordinación con los ayuntamientos, implementarían protocolos de atención y seguimiento en beneficio de niñas, niños y adolescentes sin hogar.
Al advertir que las personas menores de edad en situación de calle constituyen una de las expresiones más graves de exclusión social, la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez (morena) propuso que los gobiernos estatal y municipales establezcan protocolos que garanticen su acceso a programas, servicios y apoyos institucionales.
Lo anterior se implementaría a través de la Secretaría de Bienestar y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), en coordinación con los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia y los ayuntamientos, para dar atención, canalización, derivación y seguimiento de niñas, niños y adolescentes sin hogar, bajo el principio del interés superior de la niñez.
La propuesta para modificar la Ley de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de México expuesta en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense indica que dichos protocolos deberán contemplar mecanismos de actuación interinstitucional, protección integral, no revictimización y respeto a los derechos humanos.
Durante la lectura del documento, la legisladora expresó que, en la entidad, la primera aproximación institucional hacia este grupo poblacional en situación de calle ocurre generalmente en el ámbito municipal a través del personal de los sistemas para el desarrollo integral de la familia, trabajo social o autoridades de proximidad en el ejercicio ordinario de sus funciones.
Sin embargo, agregó, la ausencia de una ruta jurídica clara provoca que muchos de estos contactos no se traduzcan en canalizaciones efectivas, generando vacíos de responsabilidad y casos inconclusos.
“La presente iniciativa no crea un programa social, no establece patrones, no impone plazos, no genera gasto adicional ni invade competencias, sino que introduce en la ley un mecanismo administrativo de coordinación cuyo único objetivo es ordenar lo que ocurre de facto en el contacto institucional con niñas, niños y adolescentes en situación de calle”, precisó en tribuna.
Añadió que los protocolos propuestos se activan únicamente a partir de un contacto no coercitivo derivado de la presencia territorial ordinaria de autoridades o de reportes ciudadanos canalizados a instancias de protección.
Puntualizó que los ayuntamientos designarán a la instancia municipal responsable de coordinar la implementación de los protocolos de atención a las personas menores, así como de dar seguimiento a los casos detectados en su ámbito territorial.
Asimismo, la Secretaría de Bienestar, en conjunto con el DIFEM, difundirá los protocolos, brindará acompañamiento técnico a los municipios y dará seguimiento a su cumplimiento, utilizando los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes, sin generar gasto público adicional.
• El diputado José Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la legisladora Martha Azucena Camacho, presidenta de la Directiva, reiteraron el compromiso de legislar en materia de ordenamiento territorial, vivienda, movilidad, infraestructura y espacio público con una visión orientada al bienestar social.
• Encabezaron el ‘Foro de Acciones Legislativas de Alianzas para el Hábitat de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2026’, en el que también participaron las congresistas María del Carmen de la Rosa, Selina Trujillo y María José Pérez, todas de morena.
• En este encuentro, organizado por el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, personas titulares de alcaldías, especialistas, académicas y servidoras públicas reflexionaron sobre gobernanza urbana, planificación territorial, vivienda adecuada, desarrollo urbano inclusivo, movilidad sostenible y recuperación de espacio público.
Al coincidir en que en la entidad se impulsa una política pública centrada en las personas, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la legisladora Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva, reiteraron el compromiso del Congreso mexiquense de legislar en materia de ordenamiento territorial, vivienda, movilidad, infraestructura y espacio público con una visión orientada al bienestar social.
Durante el ‘Foro de Acciones Legislativas de Alianzas para el Hábitat de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe (CIHALC) 2026’, celebrado en el Congreso local, Francisco Vázquez explicó que el crecimiento sin orden deja rezagos en servicios, traslados e infraestructura, así como limitaciones en el acceso a espacios públicos, lo cual implica retos que requieren planeación, coordinación entre autoridades y reglas claras.
Por ello, celebró la realización del evento organizado por el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, dirigido por Juan Carlos Villarreal Martínez, ya que sirve para construir soluciones desde la acción legislativa y acompañar la aplicación de agendas globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas.
Ante congresistas de morena, PT y PVEM, así como personas alcaldesas, especialistas, académicas y servidoras públicas —quienes abordaron temas como gobernanza urbana, planificación territorial, vivienda adecuada, desarrollo urbano inclusivo, movilidad sostenible y recuperación de espacio público—, llamó a trabajar en equipo en beneficio de la sociedad. Asimismo, indicó que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha señalado la importancia de que las acciones de gobierno tengan un efecto concreto en la vida de la población, con atención prioritaria a quienes más lo necesitan.
En compañía de Bernd Pfannenstein, director ejecutivo de la CIHALC, Martha Camacho indicó que este encuentro representa una oportunidad para articular conocimiento, experiencia y responsabilidad para construir mejores condiciones de vida desde el territorio, así como identificar rutas para fortalecer los marcos normativos, alinear incentivos institucionales y consolidar alianzas entre órdenes de gobierno, organismos internacionales y sociedad civil.
En este contexto, añadió, el papel del Poder Legislativo es fundamental, porque legislar en materia de hábitat no es un ejercicio abstracto: es definir las reglas que impactan directamente en la vida cotidiana de millones de personas; es establecer las bases para un desarrollo urbano más ordenado, y es generar condiciones para mejorar la planeación.
En presencia de Rafael Flores Mendoza, director general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, enfatizó que el Congreso tiene la responsabilidad de traducir el diálogo de este encuentro en normas eficaces, instrumentos útiles y decisiones que realmente incidan en la realidad.
Reconoció el liderazgo de la gobernadora por ubicar en el centro de la agenda pública el principio de que el desarrollo debe traducirse en bienestar, lo cual, en materia de ordenamiento territorial, implica sentido social, reducción de brechas y condiciones más equitativas entre regiones y comunidades.
En su participación, la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (morena), presidenta de la Comisión Especial de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias, valoró que se conocieron experiencias, avances y desafíos en la construcción de ciudades más justas, inclusivas y sostenibles.
Agregó que se pusieron a consideración distintas perspectivas desde el ámbito académico, gubernamental y de la gestión territorial, con el objetivo de identificar aprendizajes a efecto de fortalecer las políticas públicas y las acciones en materia de desarrollo urbano y hábitat.
La diputada Selina Trujillo Arizmendi (morena), presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, recordó que el pasado 15 de abril presentó una iniciativa para expedir la Ley de Coordinación y Desarrollo Metropolitano del Estado de México, la cual, indicó, podrá enriquecerse con las aportaciones expuestas.
Añadió que hablar de gobernanza urbana implica reconocer que el desarrollo de las ciudades requiere de algo más que planeación técnica, pues supone la capacidad de articular visiones, coordinar actores y construir acuerdos que permitan orientar el crecimiento urbano de manera ordenada, sostenible e incluyente. Asimismo, precisó que la planeación territorial representa la herramienta que traduce esas decisiones en acciones concretas sobre el espacio.
La congresista María José Pérez Domínguez (morena), presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, refirió que hablar de vivienda adecuada implica ir más allá de la construcción de espacios habitacionales, toda vez que deben cumplirse los parámetros de seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios básicos, asequibilidad, habitabilidad, ubicación adecuada, accesibilidad y adecuación cultural.
Tras recalcar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza un trabajo extraordinario, en virtud de que se están atendiendo estos aspectos, resaltó la reflexión sobre alinear las políticas de vivienda con la planeación urbana y avanzar hacia modelos que coloquen a las personas en el centro del desarrollo.
Bernd Pfannenstein reconoció el valor de estos encuentros en un contexto de crisis multilaterales, sociales, ambientales, urbanas y de entendimiento. Confió en que el contenido del foro pueda traducirse en reformas y ajustes para la implementación de la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 adoptada por la Organización de las Naciones Unidas.
Rafael Flores expuso que el gobierno estatal está reduciendo el rezago histórico en materia de planeación local, promoviendo que las ciudades aprovechen de forma racional los recursos, disminuyan las desigualdades territoriales, aumenten la resiliencia a los efectos del cambio climático y garanticen la movilidad, el equipamiento urbano, así como el acceso equitativo a servicios básicos y al espacio público.
Carlos Maza Lara, secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, admitió que el ordenamiento de la zona metropolitana es un gran reto del gobierno estatal, por lo que están implementando acciones para que la población viva cerca de su fuente de trabajo. Además, indicó que se está promoviendo el crecimiento de la vivienda vertical y el aseguramiento de servicios.
Al coincidir en que este tipo de foros se deben realizar de manera más frecuente, Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad, reflexionó sobre los desafíos en materia de movilidad en la entidad, pues recordó que es un derecho humano que se debe garantizar, ya que incide directamente en la calidad de vida de las personas. Asimismo, aseguró que se debe apostar por una planeación integral con una visión metropolitana, fortaleciendo el transporte público y otras formas de tránsito.
Finalmente, Juan Carlos Villarreal destacó la importancia de la sinergia entre academia y gobierno, así como el valor de la articulación interinstitucional demostrada; además, se pronunció por continuar con el esfuerzo de mantener el diálogo entre ambas partes mediante encuentros subsecuentes.
Al evento, en cuya organización también participaron el Instituto de Administración Pública del Estado de México, la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, así como asociaciones, federaciones y colegios de personas arquitectas y urbanistas, acudieron Raúl Armando Quintero Martínez, coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, así como Ricardo Moreno Bastida, el alcalde de Toluca.
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