Ley General en Materia de Desaparición Forzada defiende el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y a la verdad: diputado Ricardo Monreal

• Es un paso firme hacia la construcción de un México que “está superando la violencia”

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, son prioridad de este gobierno.

El legislador destacó que con la aprobación de este dictamen, no solo se defiende el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la verdad, a ser buscado, a la reparación integral, a la justicia, a la defensa y la dignidad de las víctimas y de sus familias, sino que es un paso firme hacia la construcción de un México que “está superando la violencia”

Mencionó que la minuta que hoy se discute busca fortalecer y dotar de mejores herramientas a instituciones y personas buscadoras; además, representa un paso fundamental en la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de justicia social en el país.

En un posicionamiento, enviado al Diario de los Debates de la Cámara de Diputados para su publicación, Ricardo Monreal apuntó que la construcción de esta reforma es el fruto del diálogo entre autoridades, víctimas y personas buscadoras, ya que la desaparición de personas “es una herida abierta en el corazón de nuestra sociedad que no solo vulnera la seguridad y la integridad de la víctima, sino que destroza familias y comunidades”.

Destacó que esta reforma se apega a los estándares internacionales y da cumplimiento a los compromisos asumidos por México ante la comunidad de naciones, las cuales obligan a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para buscar y encontrar a las personas desaparecidas, así como prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada y garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición que asiste a las víctimas.

Explicó que los elementos más relevantes de estas adecuaciones normativas son el fortalecimiento institucional y tecnológico para la búsqueda eficaz, a través de la Plataforma Única de Identidad, la cual se constituye como la fuente primaria de consulta permanente y en tiempo real de la CURP, mediante la interconexión con bases de datos vitales como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses.

“Esto significa que cada pista, cada movimiento de la CURP de una persona desaparecida, activará alertamientos que acelerarán las investigaciones. Su uso estará condicionado a la existencia previa del Folio Único de Búsqueda o del número de carpeta de investigación y se limitará exclusivamente a la consulta de los datos relacionados con la persona desaparecida. Es una herramienta que dota de inteligencia a la búsqueda, un clamor de las familias que no podíamos ignorar”.

Asimismo, se establece la obligatoriedad para todas las autoridades y particulares de permitir el acceso y consulta de datos biométricos y cualquier otro dato identificativo a las fiscalías y cuerpos de seguridad; es un paso necesario que acaba con la burocracia que entorpecía las búsquedas. “La información fluirá, porque la vida de una persona no puede depender de trámites administrativos”.

Además, la obligación para los servicios periciales y forenses de la Federación y de las entidades federativas de realizar pruebas dactiloscópicas y genéticas a cuerpos o restos humanos no identificados antes de su remisión a fosas comunes, y de registrar estos resultados en el Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo máximo de tres días, es una medida que dignifica a las víctimas y da certeza a sus familias. “Ya no más cuerpos sin nombre, ya no más incertidumbre que se prolonga por años”, destacó.

Agregó que otro elemento que se plantea en estas reformas estipulan la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda que dará inmediatez a la atención de reporte de personas desaparecidas en todo el país y será la Comisión Nacional de Búsqueda quien emitirá el Protocolo para la activación de la Alerta. De esta forma, se eliminan dilaciones en el inicio de las acciones de búsqueda a fin de favorecer la localización temprana de las personas señaladas como desaparecidas y evitar poner en mayor riesgo sus vidas.

Se amplía el Sistema Nacional de Búsqueda con la incorporación del Registro Nacional de Población, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como del representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y robustece la articulación entre las diferentes instancias del Estado. “La desaparición forzada es un problema complejo que requiere una respuesta integral y unificada”.

Por su parte, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas garantizará un registro unificado y sin dilación de todas las denuncias, eliminando los vacíos de información que tanto ha afectado la eficacia de las investigaciones.

El diputado Monreal subrayó que estas adecuaciones permitirán el fortalecimiento de fiscalías y acceso a la justicia al establecer la obligación de contar con fiscalías especializadas en desaparición, con personal capacitado y certificado, que estructuren unidades especializadas en investigación, análisis de contexto, atención a víctimas, búsqueda inmediata y de larga data, y delitos cibernéticos.

Asimismo, se fortalecerá el marco penal, al reforzar los tipos delictivos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, al incorporar de manera explícita la responsabilidad penal de autoridades que toleren, consientan o se muestren omisas ante estos hechos; involucra a autoridades y particulares.

De igual manera, se garantizan medidas de reparación integral a las víctimas y prevención del delito mediante la obligación de la Federación y las entidades federativas a emprender acciones de bienestar integral focalizadas a hijas e hijos de personas desaparecidas.

Y establece el desarrollo de políticas públicas y acciones para informar, prevenir y mitigar la desaparición forzada, considerando las necesidades específicas de diferentes grupos de la población.